A enero de 2023 con 2,8 millones de empleados públicos y poco más de 3 millones de autónomos el gobierno está a punto de conseguir un éxito, para ellos, y un drama para la sociedad que no es otro que si se mantiene la tendencia actual a finales de este año en España habrá más funcionarios que autónomos.
El año 2022 cerró con 111.000 autónomos menos que al año anterior y 55.000 empleados más en el sector público. Cuando se habla de ingeniería social pocos ejemplos son más claros que este. La política económica del gobierno se basa en promover la economía pública y criminalizar a los empresarios. El resultado de esa política es una sociedad en la que cada vez más gente depende de una nómina pública y hay menos iniciativa social, en definitiva una sociedad más anestesiada, menos dinámica y más influenciable por el poder político.
La ministra Belarra cree que Roig es un hombre despiadado, pero es favorable a que Putin no tenga oposición para entrar a sangre y fuego en Kiev, así que parece normal que no se sienta afectada por el hecho de que 111.000 autónomos, un 3,5% del total, hayan dejado su actividad en 2022, incluso lo considerará un éxito, dado que a sus ojos cualquiera que aspira a ganarse la vida libremente es sospechoso de defraudador y tiene un alma sucia y avariciosa.
Detrás de la caída de 111.000 autónomos está el drama de la desaparición de otras tantas empresas, dado que, para ser administrador de una sociedad limitada, el 99,8% de las empresas de nuestro país, es preciso ser autónomo. A cada autónomo caído hay un generador de empleo menos, los datos de la bajada de empleo en el último tramo del año 2022 no son ajenos a la reducción del número de autónomos. El fin de la moratoria concursal y la reforma en el sistema de cotización de los autónomos no augura nada bueno para 2023, hacerse autónomo es visto por gran parte de la sociedad como un fracaso laboral, más horas de trabajo, menos protección social que un trabajador del régimen general y, en especial, si este está en el sector público.
A falta de datos definitivos de 2022, en los primero ocho meses del año pasado desaparecieron en España 46.000 empresas. Comercio, construcción, actividades profesionales y sector inmobiliario son las actividades con mayor mortalidad empresarial. Es cierto que en 2021 se crearon en España 121.000 empresas y podría decirse, por lo tanto, que hay una tasa de reposición suficiente, pero eso no es cierto. Según la patronal, el 60% de las empresas no llega a los cinco años de vida y una vez se crea una empresa esta no se pone a facturar a pleno rendimiento de forma inmediata, así que sólo si la tasa de autónomos y empresas crece de forma vigorosa se garantiza el crecimiento del padrón empresarial. Si el número de empresas que desaparecen y las que se crean es el mismo, el resultado es negativo en materia de empleo y dinamismo empresarial.
Todo esto no es motivo de preocupación por parte del gobierno, es más, para nuestros gobernantes es positivo que uno de cada cinco empleos venga del sector público. No entienden que más empleo público y menos autónomos para pagar impuestos que sostengan este empleo público es garantía de desastre.
La persecución a los autónomos es premeditada, alcanza incluso fuera de su vida laboral, una vez están jubilados, dado que la declaración de renta de 2022 incluye una nueva reducción en las aportaciones a los planes de pensiones individuales, el sistema de ahora más extendido entre los autónomos, hasta un máximo de 1.000 €.
No nos llamemos a engaño, para el gobierno que haya menos autónomos y más empleo público es una buena noticia, porque favorece sus planes de ingeniería social y crea un clima más favorable a sus intereses políticos.
Publicado por la Revista Sector Ejecutivo (www.sector-ejecutivo.com)
Marzo 2022
