Tras la reciente implementación de la nueva directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD) en enero pasado, las empresas han sido sacudidas por la urgente necesidad de destinar más recursos para cumplir con los cada vez más rigurosos estándares. Este cambio normativo, que redefine las reglas del juego en cuanto a los informes de información no financiera, afecta desde este año fiscal a las grandes empresas con más de 500 empleados y consideradas de interés público.

En los próximos años, se espera que el alcance de esta regulación se expanda, afectando a unas 50.000 organizaciones, en comparación con las 11.600 que previamente estaban obligadas a informar sobre sostenibilidad. Estas compañías deberán adaptarse a más de 1.100 requisitos distintos. Los desafíos planteados por esta normativa fueron el tema central del evento "Sostenibilidad sobre la nueva directiva europea CSRD", organizado por EXPANSIÓN junto a PwC y la CEOE.

La CSRD marca un avance tanto cualitativo como cuantitativo al elevar el estándar de la información no financiera, en línea con los esfuerzos de la UE por orientar los flujos de inversión hacia actividades sostenibles.

Aunque la CSRD entró en vigor el 1 de enero de 2024 para las empresas ya sujetas a la anterior directiva NFRD, las obligaciones se implementarán de manera gradual: en 2025 se aplicarán al resto de las grandes empresas, en 2026 a las Pymes cotizadas y en 2028 a las filiales de multinacionales de terceros países.

Pablo Bascones, socio responsable de Sostenibilidad y Cambio Climático de PwC, ha señalado recientemente que "una de las novedades más significativas es la introducción de un régimen sancionador y de supervisión similar al de la información financiera". Este escenario impone una gran exigencia en términos de gobernanza, herramientas y estructuras de control.

Con la implementación de la directiva CSRD, las empresas deben tener presente que los riesgos asociados con el incumplimiento superan los costos de cumplirla. El aumento en las sanciones y supervisión puede tener un impacto significativo en la actividad empresarial, llegando incluso a paralizarla. Además, la próxima aprobación de la directiva de debida diligencia en materia de sostenibilidad corporativa en 2024 también conlleva sanciones pecuniarias que podrían ser substanciales, basadas en el volumen de negocio de las empresas.